La VI Convención Nacional de Derecho Concursal de los administradores concursales ha prestado especial atención a los aspectos más destacados de el nuevo proyecto de reforma de la ley concursal, fruto de la obligada transposición de la Directiva europea sobre insolvencias.
Como dato destacada se anuncio el aumento de un 31% de empresas en concurso de acreedores en 2021, hasta 5.496 procedimientos confirmados. No obstante, administradores concursales de APACSA, presididos por Jesús Borjabad, coinciden en que el fin de la moratoria concursal prevista en principio para el 30 de junio provocará una avalancha de empresas, empresarios, autónomos y personas físicas en situación de insolvencia. Una situación que, en a opinión de Borjabad, va a ser mucho más pronunciada de lo esperado, «porque se verán los verdaderos efectos de la crisis por la pandemia y el elevado número de empresas que han estado activas durante todo este tiempo con medidas de apoyo, en algunos casos artificiales”.
La previsión es que la nueva ley concursal, cuyo proyecto de reforma se está tramitando en estos momentos en el Congreso de los Diputados, pueda aprobarse en la segunda mitad del año 2022, justo después de la moratoria concursal.
La nueva Ley tiene como objetivo prevenir las insolvencias de las empresas, evitar que las empresas lleguen al concurso de acreedores sin posibilidad real de mantener su actividad y agilizar los concursos de las microempresas (el 80 por ciento de la estructura empresarial en España) a través de un procedimiento especial que no está exento de riesgos por las muchas novedades que presenta, algunas de ellas de gestión telemática y digital con infraestructuras que no están aun definidas ni implantadas.
Juzgados mercantiles en riesgo de colapso
Con todo, el presidente de APACSA considera que “el aspecto más complejo de esta situación es la inevitable saturación que van a vivir los juzgados de lo mercantil, con un riesgo evidente de colapso por este aumento de casos de concursos de acreedores tan pronunciado.” Todo ello además de la nueva ley concursal.
En este aspecto, Rafael Ruiz Ruano, responsable de Aula Concursal, asegura que “la difícil situación de muchas empresas, el fin de la moratoria concursal, la entrada en vigor de la nueva ley concursal y los retrasos de algunas medidas y procedimientos incluidas en el nuevo texto legal pueden generar una tormenta perfecta en cuanto a la situación que pueden empezar a vivir los juzgados de lo mercantil a partir de la segunda mitad de 2022”.
Hay muchas dudas sobre el desarrollo de toda la infraestructura técnica y tecnológica que va a exigir la nueva Ley Concursal «con plataformas digitales para tramitar insolvencias a través de formularios que permitan agilizar los procedimientos concursales. La entrada en vigor de la ley va a dejar en suspenso durante un periodo de tiempo este tipo de medios y todo recaerá sobre los juzgados y los jueces de lo mercantil”, subraya.
Entre ellos destacan la prevención de la insolvencia empresarial con los mecanismos de alerta temprana y el protagonismo que tendrán los profesionales de la reestructuración y refinanciación de empresas o este mecanismo especial para microempresas.
